Chilpancingo .-La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) manifestó su preocupación por la grave situación de violencia y de violación a los derechos humanos en Guerrero “que en este inicio de año se ha incrementado notoriamente”, y acusó al gobierno esta­tal de Héctor Astudillo Flores de ser “indiferente” ante el problema.

En un pronunciamiento difundido este miércoles, la Red TDT que cuenta con 84 organismos en 23 estados del país condenó que en lugar de hacer frente a la violencia “endémica” que existe en el estado las instituciones de seguridad pública estén vinculadas en casos de graves violaciones a derechos humanos «como fueron los hechos del 7 de enero en La Concepción”, municipio de Acapulco y el “involucramiento de elementos policiales en la desaparición de personas” en Chilpancingo.

Frente a lo que considera una grave situación” en la entidad, los directivos del organismo al que pertenecen el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), insistió en uaa audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores que ha venido solicitando desde septiembre del año pasado, pero nunca tiene tiempo para atenderlos.

Recordó desde el año pasado alertó de la situación y convocó a una Misión de Observación a Guerrero en octubre del 2017, que se enfocó en Chilapa, “uno de los municipios más violentos del estado y en donde pudimos documentar varios casos de desaparición forzada y del desplazamiento de varias comunidades.

La Red agregó que ante este grave deterioro del tejido comunitario “vimos la necesidad urgente de entablar una comunicación directa con el Astudillo Flores, por lo que solicitarnos una audiencia , pero “la ausencia de una respuesta a su planteamiento expresa el desinterés del gobernador hacía el tema de los derechos, humanos”.

“Una muestra de es la actitud inaceptable es la posición del vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez quien expresó que no es admisible aplicar el protocolo de Minnesota (en el caso de La Concepción) debido a que no se trata de delitos de lesa humanidad, ni de ejecuciones extrajudiciales.

Añadió que en ese caso se documentaron tres ejecuciones extrajudiciales p0r parte de agen­tes de la Policía Estatal. más de 38 personas fueron detenidas arbitraria e ilegalmente y se catearon ilegalmente varios domicilios y se incurrió en actos de tortura y agresiones contra periodistas, “son claros ejemplos de la grave crisis de derechos humanos que nos muestran las prácticas sistematicas y recurrentes de la autoridad desde que violentan los derechos humanos y que se mantienen en la impunidad”.

La Red TDT demandó al gobierno del estado un espacio de diálogo con la sociedad civil a fin de atender la grave situación por la que está pasando el estado y en especial se pueda abordar el grave riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos que realizan su labor en la entidad.

Asimismo, exhortó que se atiendan las recomendaciones de los organismos internacionales de los derechos humanos para contener la espiral de violencia.

“De la misma manera, deman­darnos que se atienda a las víctimas de desaparición forzada y desplazamiento forzado que docu­mentamos en un informe proximo a publicarse donde demandamos una atención urgente e integral al problema de inseguridad que se vive en la región de Chilapa”.

*El Protocolo de Minnesota o Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias es un procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales.

El protocolo está orientado a evitar que los funcionarios del Estado sospechado de haber cometido crímenes de lesa humanidad puedan actuar o influir en la investigación. El protocolo recomienda que en estos casos se constituya una comisión investigadora independiente, con recursos y facultades suficientes, así como la posibilidad de recurrir a la ayuda de expertos internacionales en ciencias jurídicas, médicas y forenses. El protocolo incluye también un modelo de autopsia y otro modelo de exhumación y análisis de restos óseos, para que sea seguido no solo por los profesionales que las realicen, sino también por las partes involucradas, los periodistas, la ciudadanía y en general todos los observadores, con el fin de aumentar la transparencia del proceso.