Por Alína Navarrete Fernández

Chilpancingo .-El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio condenaron la persistencia de los feminicidios en Guerrero y las declaraciones sobre este grave problema que ha hecho el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez.

Mediante un boletín de prensa ambas organizaciones: señalaron que a pesar de contar con la Ley General de Acceso de las Mujeres, a una Vida Libre de Violencia (LGAMLV), de protocolos de investigación y de que el feminicidio se tipificó en el país, “la violencia feminicida se agudiza e incrementan pues tan sólo en el primer mees del año, los registros hemerográficos documentaron 25 casos de asesinatos de mujeres en Guerrero.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en relación a los feminicidios en México, difundidos en la Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. Acapulco está en el noveno lugar de los cien municipios con mayor incidencia.

“La negligencia, omisión y falta de voluntad política ante los feminicidios en Guerrero forma parte de la rula de impunidad y se ve reflejada en la postura pública emitida por Javier Olea Peláez, titular de la Fiscalía General del Estado, en la que asegura que los feminicidios en la entidad, muchas veces ocurren porque lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado “llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio”, dice el boletín.

La aseveración de Olea Peláez preocupa sobremanera al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio así como otras organizaciones, pues “además de ser una postura misógina y revictimizante, evidencia la falta de perspectiva de género y de derechos humanos en las investigaciones, y lejos de actuar de manera diligente, fomenta la falla de acceso a la justicia”.

Por otra parte, “la postura pública no es la forma que los familiares de las víctimas esperan en relación a las investigaciones sobre los feminicidios de sus hijas, madres:, etc., contrario
a ello, es un escarnio irresponsable, sin un compromiso frente a las víctimas y con juicios que denigran a las mujeres lo que a todas luces es intolerable”.

Las organizaciones señalaron que es alarmante que en los casos de muertes violentas de mujeres, a pesar de que (desde el primer momento) las víctimas indirectas que presenciaron los hechos, hacen el señalamiento directo del o los perpetradores del crimen”, las carpetas de investigación son iniciadas como homicidios y no como feminicidios y tampoco se aplicaron los protocolos de investigación.

“Es necesario destacar que en casos de feminicidio que se encuentran en proceso judicial actualmente, muchas de las víctimas denunciaron previamente violencia domésticas y las instituciones encargadas no garantizaron la seguridad de las mujeres dejándolas en total indefensi6n que derivó en daños irreparables.

También manifestaron que no hay personal suficiente y adecuado para la atención de esos casos, por ejemplo en Tlapa, sólo se cuenta con una abogada que da atención a los 19 munici­pios de la Montaña quien no cuenta con los recursos humanos ni de infraestructura necesarios para realizar de manera efectiva su trabajo, a pesar de que en ese municipio se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y de que el gobierno esta obligado a imple­mentar medidas de seguridad por considerarse zona de riesgo.

En ese sentido, “las acciones y omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la vida de las mujeres a una vida libre de vio­lencia y la falta de su atención pronta y efectiva, deriva en que muchas de las agresiones puedan concluir en feminicidios”.

Ante las circunstancias, ambas organizaciones exigieron la aplicación inmediata y efectiva de políticas públicas para prevenir, investigar. sancionar y erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres en el estado que la FGE dote de recursos humanos e infraestructura a la Unidad Especializada en Feminicidios y en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. con sede en Tlapa, para dar seguimiento a las carpetas de investigación por feminicidio y violencia familiar.

Que el personal adscrito a las unidades de atención a mujeres cuente con perspectiva de géne­ro, interculturalidad y de dere­chos humanos: que la FGE, mediante la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia familiar, cuente con persona] suficiente e infraestructura para asegurar medidas: de prevención a mujeres que denuncian violencia familiar cuando son amenazadas con privarlas de la vida.

“Como organizaciones defensoras de los derechos humanos estaremos atentas de las acciones que el gobierno de Guerrero reali­ce para erradicar la violencia contra las mujeres, que en lo que va del año. continúa siendo letal concluyeron.